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COMUNICADO Grupo Articulador de Sociedad Civil en materia Migratoria para Guatemala

Examen al Estado guatemalteco sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

En este momento el Estado de Guatemala es evaluado en Ginebra por el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares para conocer los avances en el cumplimiento de la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. El Grupo Articulador de Sociedad Civil en materia Migratoria para Guatemala considera que el gobierno de Guatemala debe prestar especial atención porque:

  • El Estado no ha priorizado los temas estructurales que obligan a migrar a miles, y con ello se niega el derecho a no migrar. La pobreza, el desempleo y el subempleo se han incrementado y con ello la violencia provocada por grupos delincuenciales o el crimen organizado que provocan desplazamientos internos y emigración. Por el contrario, ha favorecido a sectores mineros y agroindustriales que no benefician a las comunidades en donde se instalan, algunos de ellos provocan desalojos. Tampoco contribuye a la adaptación y respuesta efectiva a los efectos del cambio climático, que obliga a la población del denominado Corredor Seco a emigrar.

  • Niega el derecho a migrar. Ha optado por un enfoque de seguridad ciudadana y no de derechos humanos. Responde a las presiones del Gobierno de Estados Unidos que está interesado en combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Guatemala, al igual que México, funciona como filtro a través de los retenes policiales y fuerzas de tarea en carreteras y áreas fronterizas con México, Honduras y El Salvador. Es principalmente en estas zonas que organizaciones del Grupo Articulador de Sociedad Civil han identificado extorsiones sistemáticas y asaltos a población centroamericana por parte de agentes policiales o por el crimen organizado. Al respecto, ha violado el Acuerdo de Libre Locomoción CA-4 en puntos fronterizos como frontera Agua Caliente y Esquipulas.

  • Pese a que el Código de Migración actualiza a Guatemala en la protección a la población migrante, e incorpora el enfoque de derechos humanos en la normativa, la Autoridad Migratoria Nacional se ha caracterizado por opacidad y hermetismo sobre el plan de transición a la institucionalidad y la elaboración de reglamentos. Se ha enfocado en debilitar y expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el pretexto de que pone en riesgo la soberanía del país.

  • El Gobierno guatemalteco no ha protegido ni protege a su niñez. En 2018 la Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo a 22,327 niños, niñas y adolescentes no acompañados, mientras que las autoridades guatemaltecas se limitan a recibir a estos menores deportados y entregarlos a sus familias, sin seguir los casos que requieren de atención en salud física y emocional, educación y alternativas económicas. La mayoría de estos menores provienen de comunidades mayas del occidente de Guatemala, en algunas con una incidencia de la pobreza de más del 80%.

  • Las deficiencias de integración no se limitan a la niñez. El Gobierno de Guatemala ha sido incapaz de asegurar los derechos humanos de todos los trabajadores, trabajadoras migratorias y sus familiares, ni de garantizar los derechos previstos en la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

  • El Gobierno de Guatemala no atiende a las demandas para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, tanto en la ruta hacia Estados Unidos o en ese país. El Grupo Articulador de Sociedad Civil conoce al menos 200 familias que buscan a migrantes en el tránsito por México, y considera que existe subregistro ya que las familias no se atreven o no saben en dónde denunciar.

  • Al respecto, el Gobierno no provee información sobre dónde acudir para buscar a sus familiares desaparecidos. A quienes denuncian no se les da seguimiento ni respuesta sobre sus casos. No existe coordinación interinstitucional ni una ruta para la recepción de denuncias, búsqueda en vida o de fallecidos, tampoco una base unificada de registro forense. Consideramos que el Gobierno debe agotar todos los medios de búsqueda efectiva, sin requerir denuncia judicial previa y evitar cualquier obstaculización de los procesos de búsqueda de las personas migrantes desaparecidas.

Ante la ausencia de un Gobierno que resuelva las diversas problemáticas que enfrenta la población migrante, son las organizaciones de sociedad civil y los organismos internacionales quienes están asumiendo esa responsabilidad.

Por todo lo expuesto, confiamos que en esta evaluación el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares elabore recomendaciones acertadas al Estado de Guatemala.

Guatemala, 3 de abril de 2019.

 

Grupo Articulador de Sociedad Civil en materia Migratoria para Guatemala

American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe

Asociación La Alianza (ALA)

Asociación Pop No’j

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG)

Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, a través del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael Landívar